La Agencia Tributaria ha decidido postergar hasta enero de 2026 la obligación para que todas las empresas que facturen menos de 6 millones de euros al año envíen automáticamente sus registros de facturación, en el marco de la lucha contra el fraude fiscal. El Ministerio de Hacienda publicó el lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden ministerial que detalla los requisitos técnicos y funcionales que deberán cumplir los sistemas informáticos destinados a facilitar este envío inmediato de facturas. Asimismo, la orden establece un nuevo calendario de cumplimiento para las empresas de software y modifica la fecha de entrada en vigor de esta obligación para las empresas.
La orden menciona dos fechas clave. Primero, a partir del 29 de julio de 2025, los desarrolladores de software de facturación deberán cumplir con los requisitos técnicos solicitados por la Agencia Tributaria. La segunda fecha clave es la de la entrada en vigor de la obligación de que las empresas envíen sus facturas de manera automática al fisco. Esta fecha, que inicialmente estaba fijada para el 1 de julio de 2025, quedó establecida en el Real Decreto de diciembre de 2024, donde se especificaban los requisitos para los sistemas informáticos. No obstante, este calendario es inconsistente, ya que el 29 de julio de 2025 se exige que los sistemas estén listos, lo cual es posterior a la fecha de implementación.
Por lo tanto, se espera que la Agencia Tributaria ajuste la normativa para que las empresas puedan cumplir con la obligación a partir de enero de 2026, otorgando un margen de seis meses adicionales. Este retraso responde a la gran cantidad de alegaciones recibidas por el Ministerio de Hacienda respecto a la nueva normativa, acumulando más de 200 páginas. Cabe recordar que esta exigencia afecta únicamente a las empresas que facturan menos de 6 millones de euros, ya que aquellas con ingresos superiores ya reportan sus datos contables al fisco desde 2017.
Esta medida forma parte de la Ley contra el fraude fiscal de 2021 y es distinta de la establecida por la Ley Crea y Crece de 2022, que obliga a autónomos y pymes a emitir sus facturas en formato digital, una regulación que aún no ha entrado en vigor.